A finales de noviembre del año en curso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y otras instituciones, realizaron un operativo en el Centro Histórico de la Ciudad de México dirigido a combatir el comercio ilegal en México. Esta actividad, que origina en la introducción ilegal de mercancías al país y su distribución en puntos clave como la plaza comercial de Izazaga 89, conlleva una serie de efectos negativos multisectoriales y transversales en nuestro país. Por ende, Polaris une su voz a los esfuerzos de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de las autoridades federales para hacer un llamado a la sociedad en su conjunto a enfrentar este fenómeno.

Indudablemente, los últimos años han visto un incremento en su alcance y complejidad, afectando profundamente la economía y la sociedad mexicana. La piratería genera impactos que van más allá del comercio ilegal: perjudica a las empresas que sí operan bajo marcos legales, debilita las cadenas de producción formales y limita la generación del empleo formal. Sus efectos llegan a extenderse al sector de la salud pública, donde se pone en riesgo la confiabilidad de los productos farmacológicos y los equipos de los servicios de salud de dudosa calidad. Desde lo macroeconómico, afecta la competitividad de las industrias mexicanas, reduce la recaudación fiscal del Estado y disuade la entrada a nuevos mercados debido al temor a prácticas desleales como la triangulación de productos.

Además del impacto económico, el aspecto cultural de la piratería representa un desafío significativo. Como expresó el Observatorio Nacional Ciudadano en su reporte de 2020 sobre la piratería en México: “El primer contacto consciente que tienen las personas con la propiedad intelectual se da a través de la piratería. Lo anterior tiene consecuencias severas, en tanto la piratería como fenómeno social está asociada a cierto grado de aceptabilidad, tolerancia y justificación. Al ser esta el primer contacto con la propiedad intelectual, puede derivar en que esta última se perciba de manera negativa o que no se valore como un pilar del progreso económico y social”.

Cabe recordar que la piratería y la entrada ilegal de productos al país va más allá de una cuestión de comercio formal e informal. Como lo demuestra el caso de Izazaga 89 (un edificio de 16 pisos), este tipo de comercialización de productos trasciende la transacción misma y conlleva esquemas de ilicitud que distorsionan el estado de derecho, como la “configuración de mercados de protección”. Además, representa un giro adicional para el crimen organizado, ya que, como también señala el ONC, “la piratería puede llegar a ser una actividad estratégica para los grupos delincuenciales en cuanto a la maximización de ganancias económicas, a la diversificación de sus negocios ilícitos, y a un uso más eficiente y redituable tanto de las rutas como modus operandi de trasiego”.

En vista de que este fenómeno cada vez se dimensiona en las esferas del comercio transnacional, tanto por redes informales en los pasos fronterizos como vía empresas de logística, Polaris hace un llamado a la sociedad mexicana para profundizar en el conocimiento de este fenómeno y unirse en la lucha contra sus efectos.