La propuesta de reforma a la Ley Aduanera en México, presentada en abril y actualmente (finales de mayo de 2025) en análisis legislativo, perfila una reconfiguración integral del sistema aduanero nacional. Su finalidad primordial es optimizar el control sobre el flujo de mercancías, robustecer la soberanía y seguridad del país, y potenciar la recaudación fiscal, al tiempo que se mejora la imagen internacional de México.

Los catalizadores de esta iniciativa son el combate frontal a la evasión fiscal —con énfasis en la importación ilegal de combustibles ("huachicol fiscal") y la simulación mediante el programa IMMEX—, la erradicación de la corrupción sistémica en aduanas, influenciada por compromisos internacionales como el T-MEC y preocupaciones de seguridad de socios clave, y la interdicción del tráfico ilícito de mercancías (falsificaciones, armas, especies protegidas).

Estructuralmente, la reforma propone la modernización tecnológica como eje, impulsando la trazabilidad digital obligatoria y la digitalización extensiva de procesos. Introduce el principio de responsabilidad compartida, una revisión exhaustiva del programa IMMEX, el fortalecimiento de mecanismos de supervisión, un régimen sancionatorio más estricto y una coordinación interinstitucional reforzada.

Se anticipa un impacto significativo en los operadores de comercio exterior, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas y de trazabilidad. El objetivo recaudatorio busca superar sustancialmente los 1.25 billones de pesos actuales, apoyado por un incremento ya observado de 83 mil millones para 2025, con la expectativa de que las nuevas medidas impulsen un crecimiento aún mayor. La iniciativa continúa su curso en el Congreso, sujeta a análisis y potenciales modificaciones